sábado, 20 de agosto de 2011

Absueltos los 24 acusados del 'asalto al Rectorado' de 2002

Extraído de Diario Público

Estaban acusados de un delito de desórdenes públicos, otro de daños y de una falta por lesiones

FRANCISCO ARTACHO SEVILLA 18/08/2011

Los 24 activistas procesados por los altercados de febrero de 2002 en el Rectorado de la Universidad de Sevilla durante una protesta contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) impulsada por el entonces Gobierno del PP han sido absueltos por el juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla. Estaban acusados de un delito de desórdenes públicos, otro de daños y de una falta por lesiones.
El fallo, al que ha tenido acceso Público, llega casi diez años después de producirse el conocido como asalto al Rectorado, en el que un grupo de personas, en su mayoría estudiantes, irrumpieron en la Junta de Gobierno de la Hispalense tras una concentración contra la LOU, destrozando a su paso varias puertas. Las detenciones tras aquel episodio marcaron el principio del fin de la lucha contra la LOU y situaron en la picota al entonces pujante movimiento estudiantil sevillano. Cinco de los estudiantes fueron expulsados de la Universidad.
La sentencia, que señala que hubo "algo más que meras deficiencias" en la identificación de los detenidos, recoge que aunque los altercados y daños se produjeron y los acusados participaron en una asamblea en la sala de juntas tras los incidentes, "tal circunstancia no les hace por sí partícipes de un delito de desórdenes ni daños". Así lo pretendía la Fiscalía, que solicitó una condena de cuatro meses de prisión para cada uno de los acusados y el pago de 37.924 euros por la rotura de las puertas, que tenían siglos de antigüedad. Según la sentencia, tampoco existió alteración de la paz pública (requisito para un delito de desórdenes), puesto que la actividad universitaria siguió con normalidad.
La Universidad, aunque finalmente se retiró como acusación, llegó a solicitar en su día hasta cuatro años de prisión y más de 60.000 euros para los procesados. La Hispalense expulsó además a cinco de ellos tras el asalto. Luis Ocaña, uno de los abogados de la defensa, anunció ayer a este diario que emprenderá en los tribunales una reclamación patrimonial contra la Universidad.
La sentencia especifica que no existen “elementos de juicio suficientes” que permitan determinar que los procesados “sean las mismas personas a las que procedieron a identificar los investigadores”, lo que pone de manifiesto “algo más que meras deficiencias en la identificación”. El fallo supone un varapalo para la actuación policial tras el polémico asalto.

Errores determinantes

La Brigada de Información de la Policía Nacional, dirigida entonces por el actual concejal de Seguridad de Sevilla, Demetrio Pérez (PP), fue la encargada de reconocer a los participantes en la protesta que luego fueron detenidos. Para ello se utilizaron imágenes y fotografías de medios de comunicación. La sentencia recoge varios fallos “a pesar de que algunos de los policías aseguraron en el juicio que los errores eran del cero por ciento”.
La forma de identificación, que consistió en enseñar imágenes a diferentes testigos, “pone en cierto modo en tela de juicio la objetividad necesaria a la hora de efectuar el reconocimiento”, según la sentencia.

lunes, 25 de julio de 2011

Comunicado de apoyo de los compañer@s de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario

Solidaridad con los estudiantes anti-LOU de Sevilla

Estimadas compañeras y compañeros,

Desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), nos gustaría hacerles llegar nuestro más firme compromiso y solidaridad para con ustedes, compañeras y compañeros, represaliados ya por segunda vez por la lucha anti-LOU, esta vez en la búsqueda de responsabilidades penales, enfrentándose a un año de cárcel y una multa de 150,000 euros: algo absolutamente desmedido e inicuo, lógico en un Estado en el que traficantes de trabajadores y asaltantes de lo público, especuladores y arribistas campan a sus anchas en el oficialmente llamado Reino de España.

Pero en nuestro caso, no sólo es el sentido de la ética, la justicia, el respeto hacia la labor realizada por ustedes, luchadores sociales, o la identidad de objetivos en uno y otro caso -una educación pública laica, popular, emancipadora-; no: en nuestro caso hay un sentir profundamente cercano pese a la distancia, afectivo y generacional. Algunas y algunos de los que participaron y participan en nuestro colectivo, vivieron la lucha anti-LOU como el capítulo primero de lo que luego sería el gigantesco programa privatizador y mercantilizador que ha sido y es el Plan Bolonia, ilusionados por una movilización que se dio en todo el Estado y que fue también el primer acto que coadyuvó a desacreditar al Gobierno que luego nos metería en la guerra de Iraq y que, hasta ese momento, había gobernado para la Banca y los intereses privados sin oposición en las calles.

Luego de la llegada del PSOE al Gobierno, conocemos todas y todos las promesas incumplidas y las ilusiones rotas; en primer lugar, hacia las y los estudiantes: nunca hubo derogación de la LOU, nunca hubo paralización de los aspectos más regresivos de la privatización de la educación superior… pero lo peor, lo que ahora nos ocupa: nunca hubo tregua para las y los estudiantes que fueron expulsados de la Universidad por mostrar su rebeldía. Vidas que quedaron apartadas de un camino, la más de las veces brillante, negándosele el adecuado futuro profesional a la generación mejor formada de la historia del Estado, en un punto más trágico que a los que ahora se les niega la entrada al mercado de trabajo: no les dejaron llegar a la posesión del título, precisamente por sus sacrificios en una lucha para que sus compañeras y compañeros pudieran alcanzarlo.

Por otro lado, no queremos dejar pasar la ocasión para agradecerles el apoyo mostrado por ustedes hacia nuestro colectivo: cuando, en el año 2008, el que fuera por entonces nuestro portavoz recibió una gran muestra de solidaridad por parte de ustedes cuando se le tramitó un expediente disciplinario. Los sabios consejos, el cariño mostrado en todo momento con el compañero, también fue parte de la victoria frente a aquellos burócratas interesados en acallar la voz y la protesta social.

Hoy, el grito del “No a la LOU” está más vivo que nunca: no sólo porque es la misma LOU la que hoy día lastra el futuro de los estudiantes, sino como homenaje a ustedes, dos veces juzgados por un mismo crimen: la disidencia social y el pensamiento crítico.  

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¡¡Os queremos compañer@s!!
(Red de Apoyo Antilou Sevilla)

La policía admite tener “archivos secretos” de activistas sociales

Extraído de: Diagonal Periódico 
Inma de Pando (Redacción Sevilla) Viernes 22 de julio de 2011.  Número 155
El 13 de julio finalizó el juicio contra 24 personas por los incidentes de febrero de 2002 en la Universidad de Sevilla en el marco de las protestas anti LOU. En la vista, la policía reconoció la existencia de ficheros ideológicos.
La Red de Apoyo a los Estudiantes anti LOU siempre ha insistido en el carácter político de este proceso, cuyo objetivo era quebrar, a través de la represión, el movimiento de lucha estudiantil. Lo que pocos esperaban es que esto se hiciera evidente en la vista oral. En una de las sesiones, la sala enmudeció cuando un policía de la Brigada de Información, testigo de la Fiscalía, reconocía la utilización de “archivos secretos” de carácter ideológico para identificar a las personas imputadas .
Según explica Luis de los Santos, uno de los abogados defensores, la existencia de estos ficheros ya se había puesto de manifiesto porque “como prueba, fueron incluidos informes políticos sobre una serie de imputados, acerca de su ideología o las manifestaciones a las que acudían”.
Y afirma que el entonces jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional y actual concejal de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Sevilla, Demetrio Cabello, “ha llegado a declarar que utilizan esos informes para que los jueces sepan con qué tipo de personas están tratando”.
Este abogado confirma haber “pedido a la jueza que deduzca testimonio por un delito contra la libertad ideológica y contra la intimidad de las personas a los tres policías de la Brigada Social que han declarado en el juicio. Si esto no ocurre, daremos cuenta al Defensor y a la Fiscalía porque creemos que estas prácticas pueden ser constitutivas de delito”.
Demetrio Cabello, el entonces responsable policial, se ha negado a aclarar los criterios utilizados para identificar a las personas que luego fueron acusadas de haber participado en los incidentes. Según el abogado esto provoca su absoluta indefensión: “No podemos valorar si es constitucional o no, y si esta prueba de cargo está absolutamente viciada y, por lo tanto, si todas las diligencias practicadas en base a esas identificaciones, por la misma razón, deberían anularse”.
Durante la vista oral las defensas han señalado otras irregularidades del procedimiento, comenzando por su dilación indebida. Además, los guardias de seguridad, testigos de la acusación, no han reconocido a ninguna de las personas imputadas.
Algo que las defensas destacaron en los alegatos finales: “Una cosa es que de un conjunto de hechos no se recuerden determinados detalles y otra bien distinta es que las pruebas de cargo para condenar se basen en testimonios que afirman no recordar absolutamente nada”.
Son algunos ejemplos de un proceso considerado, desde sus inicios como un “auténtico despropósito” por la Red de Apoyo (apoyoantilou.- blogspot.com). Los abogados y abogadas de la defensa coinciden en que en ningún momento han quedado acreditados por parte de la Fiscalía los presuntos delitos de desórdenes públicos y daños ni las faltas de lesiones. “En base a la falta de pruebas y al principio de presunción de inocencia debería de dictarse su absolución”, sostiene Luis de los Santos.
Durante la vista oral se ha recordado el contexto sociopolítico en el que se produjeron estos hechos, una época de gran agitación social marcada por las protestas contra la reforma laboral o las políticas belicistas del ejecutivo de José María Aznar, un Gobierno que desde enero de 2002 ocupaba la presidencia de la Unión Europea y se preparaba para la Cumbre de jefes de Estado de la UE que iba a tener lugar ese mismo verano en Sevilla.
En concreto, la masiva respuesta estudiantil contra la LOU y la Ley de Calidad despertó a una comunidad universitaria que no se movilizaba con tanto ímpetu desde la década de los ‘80. El rechazo a una ley que abría la puerta a la mercantilización y elitización de la Universidad movilizó a decenas de miles de personas en todo el Estado. En Sevilla, el Comité General de Huelga se convirtió en referente de la lucha. Una vez aprobada la ley, la estrategia estudiantil pasó por reclamar la desobediencia civil de los órganos universitarios a la aplicación de la LOU. En Sevilla, se organizó una acampada a las puertas del Ayuntamiento que fue desalojada después de 49 días de resistencia.
En lugar de rendirse, un centenar de estudiantes decidieron asistir a la Junta de Gobierno de la Universidad convocada el 8 de febrero para dar luz verde a la LOU, con la intención de solicitar su aplazamiento hasta que se celebrase una Asamblea de Universidad. Una vez allí, el entonces rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio, que había garantizado que escucharía a los estudiantes, les dio la espalda. Se produjeron unos incidentes, descritos en el juicio como de “absoluto caos”, que se iniciaron tras ser gaseados los estudiantes, tal y como demuestra una de las imágenes incluidas en el sumario, en la que se ve como un guardia de seguridad se dirige contra ellos accionando uno de los extintores.
Casi diez años después…
El papel del entonces rector, Miguel Florencio, ha sido, cuanto menos ambiguo, ya que pasó de convocar un paro académico a convertirse en el impulsor implacable de la represión estudiantil. Así, se inició un doble proceso: uno administrativo, que en base a un reglamento de 1954, culminó con la expulsión durante cinco años de la Universidad de cinco de los estudiantes, además de la anulación de ese curso; y otro, penal, en el que, a raíz de la denuncia interpuesta por el rector, se produjeron enseguida las primeras detenciones a partir de las irregulares identificaciones policiales y que se cebaron en las personas que habían sido más visibles durante la lucha. Estos sucesos marcaron al movimiento anti LOU ya que la intensa campaña de criminalización y represión frenó la lucha.
Aunque el fiscal ha rebajado la petición por desórdenes públicos, de un año de prisión a cuatro meses, ha mantenido la reclamación de altas cantidades, incluida la indemnización por responsabilidad civil, que supera los 37 mil euros. Mientras, los y las 24 acusados consideran que la única decisión justa es su absolución.
En sus intervenciones finales coincidieron en que han pagado con creces por unos hechos de los que no fueron responsables. “Llevo diez años preguntándome por qué fui detenida, por qué fueron a mi casa e intimidaron a mi hermano pequeño, por qué me quieren condenar por luchar por una educación pública y acudir a una concentración".
ARCHIVOS SECRETOS
La referencia en el juicio a “archivos secretos ha confirmado”, según Luis de los Santos, “la denuncia que interpusimos en su día una serie de organizaciones ante Fiscalía, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos, sobre la existencia de archivos al margen de la Ley de Protección de Datos, sin que las personas puedan tener acceso para su rectificación y cancelación”.
En la denuncia presentada en abril de 2011, a raíz de varios casos, entre ellos, este mismo proceso judicial, se pide la apertura de una investigación por la posible existencia de bases de datos de ciudadanos manejadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional y el Grupo Hércules de la Comisaría Centro de la Policía Nacional, con conocimiento de la Delegación del Gobierno en Sevilla “con una finalidad político- ideológica”y “sin control alguno por parte de la Administración”, que pueden vulnerar “derechos fundamentales”. El Defensor del Pueblo Andaluz confirmó el 27 de ma- yo que abrirá una investigación.

jueves, 7 de julio de 2011

Recta final del juicio: última concentración en apoyo a los represaliad@s antilou frente a los juzgados

DIFUNDE!!

CONCENTRACIÓN Y RUEDA DE PRENSA EN SOLIDARIDAD CON LOS/AS ACTIVISTAS ANTILOU DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y CONTRA LA REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Lunes, 11 de julio a las 11:00 hs
frente a los juzgados de la Avda. de la Buhaira (Sevilla)
Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 26


Llegamos a la recta final del juicio contra los estudiantes y activistas antilou de la Universidad de Sevilla. Estimamos necesario que continúe la solidaridad y la presión social para conseguir la absolución de los compañeros/as represaliados/as. En la primera concentración del pasado día 4 fuimos capaces de congregar a unas 200 personas frente a los juzgados. Ahora os convocamos a una nueva concentración.

LA LUCHA CONTRA LA LOU 2001/2002
Hasta ahora consideramos que el juicio se está desarrollando de forma muy positiva para los/as compañeros/as. En todo momento la actitud de éstos/as ha sido la de reivindicar su participación en la lucha por la educación pública y contra la Ley Orgánica de Universidades que se desarrolló entre 2001 y 2002, y que resultó de una masividad y una combatividad extraordinarias en la Universidad de Sevilla; así como la de no reconocer los hechos que injustamente se les imputan.

Entre 2001 y 2002 se desarrolló una lucha que tuvo la capacidad de convocar a decenas de miles de estudiantes, profesores y profesoras y trabajadores/as de la Universidad, así como ciudadanos/as comprmetidos/as en general, contra una ley que considerábamos regresiva para el derecho a la educación superior en términos de participación democrática, acceso de las clases populares en igualdad de condiciones y concepción de la Universidad como agente de compromiso, cambio y emancipación social y ambiental. La mercantilización de la Educación superior, su sumisión a los intereses del mercado y de la banca, el encarecimiento progresivo de las matrículas y las tasas que ha supuesto el llamado proceso de Bolonia en desarrollo desde 2004 nos han dado la razón años después de la lucha contra la LOU.

VALORACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL EN MARCHA
Durante las distintas sesiones del juicio se han puesto de manifiesto elementos que nos hacen pensar que:
  • No existen pruebas que inculpen a nuestros/as compañeros/as en los hechos que se les imputan, más allá de su participación y compromiso en la defensa de la educación pública.
  • Las identificaciones y acusaciones contra los 24 acusados/as se hicieron de forma a veces inducida por las fuerzas de seguridad del Estado contra determinados/as portavoces/zas de colectivos sociales de la ciudad, y a veces arbitrarias, como es el caso de algunos de los acusados/as que ni siquiera se encontraban presentes cuando se desarrollaron los hechos objeto de esclarecimiento. 
  • La policía ha reconocido haber identificado a imputados/as tirando de su lista de activistas sociales de la ciudad, convirtiendo la militancia político-social en una actividad de riesgo.
  • Los guardias de seguridad de la Universidad reconocen haber gaseado a los estudiantes con extintores contribuyendo a elevar el nivel de crispación general. Sin duda, el nulo protocolo de seguridad de la Universidad unido a la voluntad de reprimir a los estudiantes resultó una mezcla terrible. Hay que decir también que los guardias han renunciado a las indemnizaciones solicitadas por el fiscal para ellos, esto evidencia al menos un nivel de honestidad reconocible después de 9 años de los hechos.
  • Los daños solicitados en su momento por la Universidad no se corresponden con los generados el 8 de febrero de 2002. Existe cierta voluntad de hacernos pagar los lujosos arreglos de las dependencias rectorales (incluido un despacho nuevo para el rector)
  • Se ha producido un triple proceso de criminalización de determinados/as compañeros/as: las expulsiones de la universidad de cinco portavoces del movimiento desde 2002 a 2007, el presente proceso penal y la campaña orquestada por algunos medios de comunicación de la ciudad que justificaron una supuesta "alarma social" que avalaba las detenciones, las expulsiones y el presente proceso penal.

Ahora, como entonces, seguimos reivindicando la absolución de nuestros/as compañeros/as, la defensa de educación pública contra todo proceso privatizador o mercantilizador y la necesidad de solidaridad entre los/as que luchan por la justicia para parar los procesos represivos contra los movimientos sociales.

DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA NO ES UN DELITO
ABSOLUCIÓN DE LOS/AS ESTUDIANTES ANTILOU
NO A LA REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
SI TOCAN A UNO/A NOS TOCAN A TODOS/AS


Convocan, además, la rueda de prensa:
  • La Plataforma Docente en Defensa de la Universidad Pública, Democrática y de Calidad. Stop Bolonia.
  • La sección sindical del SAT de la Universidad de Sevilla.

Campaña financiera de solidaridad con l@s represaliad@s: camisetas y chapas

 Camisetas: varios modelos y colores disponibles. 5€ (8€ cuota solidaria)
Chapas: varios colores 1€

No te quedes sin ellas. Realiza tu encargo en: apoyoantilou@gmail.com

martes, 5 de julio de 2011

Carta de Vicente Manzano, profesor de la Universidad de Sevilla a la comunidad universitaria hispalense

Vicente Manzano, profesor de la US

Querida gente de Opinamos.         

Tras muchos años, continúa la historia de aquellos famosos episodios que se conocen como “la rotura de las puertas del rectorado”. Ahora viene el turno de juicios, el primero de los cuales comienza este lunes 4 de julio. Este correo-e es una petición concreta a la comunidad universitaria.

Creo que existe un sentir general en la universidad que valora negativamente lo que hicieron los estudiantes aquella mañana del 8 de febrero de 2002. A nueve años y medio de aquello hay oportunidad para pensar con más frialdad y con toda la información que se desee.

He defendido desde aquella misma mañana hasta el día de hoy que la universidad debería haberse comportado de forma universitaria, es decir, con cierto talante académico (investigación y educación superiores), preguntándose, por lo menos: “qué” había ocurrido y “por qué”. Algunos miembros del profesorado intentamos responder a ambas preguntas e investigamos qué acontecimientos conformaban lo que ocurrió esa mañana, por parte de los estudiantes acampados, de la red estudiantil, del CADUS y del equipo de gobierno. Llegamos a interrogar incluso a miembros de seguridad, conserjes, estudiantes, consejo de gobierno… Nos lo tomamos a lo científico y pensamos a lo pedagógico, proponiendo cómo tendría que reaccionar una institución de educación superior ante esos hechos. Pero fuimos una absoluta minoría, un algo anecdótico perdido en un océano de miembros de la universidad con sed de castigo ejemplar, que fue lo que ocurrió.

No es mi intención extenderme en retomar la reacción de la US, extraordinariamente densa e ilustrativa. Pero no resisto la tentación de seguir insistiendo en que no dimos la talla y que nuestra reacción fue la misma que habría observado desde un bar de cañas, con testosterona y renuncia de cuantos saberes dominamos en términos de psicología, sociología, educación, etc.

En estos casi diez años el castigo ha sido ejemplar, si por ejemplar nos referimos a contundente y desgastante. Las personas acusadas de múltiples aspectos relativos a aquella mañana vivieron persecución policial, familias asustadas, probar los calabozos, verse restregados por los suelos y acusados de kale-borroka no solo por miembros de la US sino por los medios de comunicación de masas de ámbito estatal. Fueron expulsados y algunos no consiguieron ser aceptados en otras universidades. Sé de quien terminó recogiendo naranjas a pesar de un expediente académico brillante (como muchos de los acusados, alumnos ejemplares en varios sentidos como han manifestado sus profesores). Ha sido anecdótico encontrar a alguien preguntándose qué ocurrió para que estudiantes que nos arrancaron lágrimas de alegría al volcarse en una lucha por el bien común (un modelo de universidad centrado en la gente y no en los mercados) terminaran fichados por la policía. En estos diez años no han dormido con tranquilidad, con el peso de los juicios, las acusaciones y los pre-embargos ondeándoles. En psicología podemos explicar muy bien qué le pasa a una persona sometida a ese proceso durante tantos años.

Tengo mis ideas muy claras con respecto a qué ocurrió y por qué, además de cómo repartir la culpabilidad de los acontecimientos, si ello fuera necesario. Pero no entro en ello ahora. Concedo a quienes queráis que aquellos estudiantes fueron unos desalmados que merecían un castigo contundente que nadie olvidara a partir de ese momento. Aun bajo esa perspectiva, ¿queda todavía alguien en la US que considere que el castigo sigue siendo poco y que hay que seguir con ello?
Pido a esta comunidad que haga lo posible por dejarles definitivamente en paz. El resto de sus vidas ya está cambiada. Quedémonos satisfechos con ello. Todavía estamos a tiempo de actuar de forma universitaria y reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en los procesos implicados. Pero, aun si no queremos entrar en ello, ¿no vamos a ser capaces de pedir la absolución de esta gente? Es una decisión política, no administrativa. Como en todo, siempre puede afirmarse que las cosas siguen su cauce legal o lo que queramos. Pero si hay interés de solucionar esto, el resto es legalmente viable.
Por favor, cerremos esta historia con algo de humanidad institucional.

Gracias Vicente, tú le das sentido a la cada vez peor llamada "comunidad universitaria". Gracias por preguntarte por qué, por querer entendernos, y entendernos de hecho, y por seguir en la brecha.

lunes, 4 de julio de 2011

Comienza, diez años después, el juicio contra los estudiantes Anti-LOU de Sevilla

Extraído de Diagonal
Inma de Pando

Este lunes 4 de julio se celebra el juicio contra 24 personas acusadas de delito de daños contra el patrimonio, desorden público y falta de lesiones, por unos hechos acaecidos en la Universidad de Sevilla hace ya casi diez años, en el contexto de las protestas contra la LOU. Se enfrentan a penas de un año de cárcel y al pago de una cantidad que puede superar los 150.000 euros.
Las movilizaciones en rechazo de la LOU sacaron a la calle a miles de estudiantes en todo el Estado, que denunciaban el proceso de privatización de la Universidad. En Sevilla, una acampada que permaneció 49 días frente al Consistorio hizo visible la fuerte oposición estudiantil que culminó con los incidentes del 8 de febrero de 2002. Ese día se celebraba una Junta Extraordinaria de Gobierno de la Universidad para dar luz verde a la LOU. El alumnado denunció la precipitación de la convocatoria, que tuvo escasa publicidad, y que impedía trasladar el mandato de la asamblea de alumnos. El entonces rector de la Universidad hispalense, Miguel Florencio, anunció que sus demandas iban a ser escuchadas, pero cuando llegó el momento, las más de cien personas allí congregadas, según se señala desde la Red de Apoyo, “con la intención de reclamar la desobediencia civil a esta ley y la celebración de una Asamblea general de la Universidad”, se encontraron con una reunión “blindada”, produciéndose los incidentes que “sirvieron de cortina de humo para impedir que el foco de atención se centrase en la privatización de la Universidad que hoy es casi un hecho consumado”. A pesar de que la Universidad de Bellas Artes de Granada se ofreció a reparar los desperfectos sin coste alguno, el rector lo rechazó, iniciándose desde el principio, según denuncian las personas afectadas, “la maquinaria represiva sobre los estudiantes”, que fueron detenidos al poco tiempo, “incluidas dos personas que ni siquiera estaban ese día en la Universidad”.
Además de un proceso judicial dilatado por el que estas personas llevan casi una década en libertad provisional con cargos, soportando la sombra de un juicio pendiente, cinco de ellas –“elegidas arbitrariamente con intención de imponer un escarmiento ejemplar que desarticulara el movimiento estudiantil”- han sufrido un castigo añadido, “siendo juzgadas dos veces por los mismos hechos”. La Universidad de Sevilla abrió enseguida un proceso sancionador, amparándose en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en una normativa franquista, el Régimen Disciplinario de las Universidades, de 1954, que supuso cinco años de expulsión de la Universidad de Sevilla, más la pérdida de los derechos de matriculación del curso en vigor (2001/2002), circunstancia que quedó reflejada en los expedientes y que les impidió terminar en mucho tiempo la carrera, ya que incluso fueron rechazadas en otras universidades cuando intentaron un traslado de expediente.
En rueda de prensa, la Red de Apoyo a los Estudiantes Anti-LOU de Sevilla denunció que “en este proceso plagado de irregularidades se está juzgando a las personas y a las ideas”. El Sindicato Andaluz de Trabajadores declaró que este juicio se inscribe en “el contexto de criminalización y persecución política que vivimos desde hace años en Sevilla hacia todos los colectivos que intentan una lucha social”. Por su parte, Vicente Manzano, profesor titular de la Facultad de Psicología, recordó que “se ha arruinado la vida de mucha gente” y reclamó, como “decisión pedagógica”, evitar que “estas personas sigan sufriendo como lo han hecho desde hace tiempo”. Finalmente intervino Luis Ocaña, abogado de los estudiantes, para señalar que “es un juicio de carácter político que no encaja en el ámbito penal y desde el punto de vista del Derecho, la única solución justa es la absolución de las 24 personas imputadas”.
En busca de apoyo La Red de Apoyo Estudiantes AntiLOU Sevilla ha abierto una cuenta para hacer frente a “este tipo de sanciones económicas que, en definitiva, paralizan a los movimientos sociales”: La Caixa, 2100.1827.31.0100425608 y ha convocado para el lunes una concentración de apoyo frente a los juzgados situados en el Edificio Noga (avenida de la Buhaira, nº 26).
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Comienza-diez-anos-despues-el.html